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Asamblea Nacional aprueba proyecto de Ley para aplicación de consulta popular
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy, 8 de julio de 2024, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, que surgieron de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. La normativa, que incluye el endurecimiento de las penas para delitos como el sicariato, terrorismo, trata de personas, tráfico y producción de drogas, fue aprobada por unanimidad con 132 votos. Incluso, la reforma recibió el respaldo de la bancada de los integrantes de la Revolución Ciudadana (RC), quienes previamente habían expresado críticas por considerar que las penas no eran proporcionales y dosificadas.
Durante el segundo debate, los legisladores realizaron observaciones al proyecto presentado, lo que llevó al presidente de la Comisión Ocasional encargada de las reformas, Carlos Vera del Partido Social Cristiano (PSC), a solicitar 48 horas adicionales para su procesamiento. A pesar de esto, la comisión optó por adoptar la propuesta enviada por el presidente Noboa, realizando únicamente modificaciones al artículo 7 del proyecto, referente a las penas para delitos relacionados con la minería ilegal y su vínculo con el crimen organizado. Según las reformas aprobadas, estos delitos ahora conllevan penas que van desde 16 a 20 años hasta 22 a 26 años, en casos que causen graves afectaciones ambientales.
El documento aprobado por la Asamblea también incorpora reformas que afectan a personas sentenciadas por delitos asociados al crimen organizado, narcotráfico, extorsión, tráfico de influencias o testaferrismo, quienes deberán cumplir su condena íntegramente en prisión, sin posibilidad de acceder a regímenes semiabiertos o abiertos. Además, se establece pena privativa de libertad de 10 a 13 años para la tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Las armas confiscadas podrán ser utilizadas por las fuerzas del orden. Asimismo, se simplifica el procedimiento para que el Estado se convierta en titular de bienes de origen ilícito o no justificado.