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Corte Constitucional declara constitucionalidad parcial del estado de excepción y ordena medidas estructurales
La Corte Constitucional del Ecuador emitió el Dictamen 1-25-EE/ 25 que trata el control constitucional sobre el Decreto Ejecutivo 493, mediante el cual el presidente de la República declaró el estado de excepción en varias provincias del país y en centros de privación de libertad. En su resolución, el organismo determinó la constitucionalidad parcial del decreto, señalando que no se justificó adecuadamente la inclusión de los centros carcelarios ni del cantón La Troncal dentro de la declaratoria.
En su análisis, la Corte reafirmó que la situación de violencia y crimen organizado en Ecuador no constituye un conflicto armado interno, pues no se cumplen los criterios de organización e intensidad requeridos para tal calificación. Asimismo, enfatizó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden intervenir a través del régimen ordinario, sin necesidad de recurrir a un estado de excepción.
Si bien reconoció la existencia de una grave conmoción interna, la Corte cuestionó la recurrencia de los estados de excepción para abordar problemas estructurales; además advirtió que la prolongada aplicación de esta medida excepcional pone en riesgo el Estado democrático y los derechos constitucionales, además de evidenciar la falta de implementación de mecanismos ordinarios por parte de las autoridades. En consecuencia, la Corte ordenó la creación de una comisión interinstitucional conformada por distintas entidades del Estado, con el fin de coordinar y ejecutar acciones que permitan enfrentar la crisis de seguridad dentro del marco constitucional ordinario. Además, estableció un mecanismo de seguimiento para evaluar el avance en la implementación de estas medidas.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos salvados de las juezas Teresa Nuques Martínez, Carmen Corral Ponce y del juez Enrique Herrería Bonnet. La notificación oficial del dictamen se realizó el 28 de febrero de 2025.
Con esta resolución, la Corte Constitucional busca evitar la "ordinarización" de los estados de excepción y garantizar que el país cuente con estrategias permanentes para combatir la violencia sin recurrir constantemente a medidas extraordinarias.