México: inéditas elecciones judiciales con más de 3.000 candidatos

México celebrará en 2025 unas elecciones judiciales sin precedentes, en las que se elegirán directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Con más de 3.000 candidatos y decenas de boletas, el proceso representa un cambio radical en la forma en que se conforma el Poder Judicial en el país.

Una reforma histórica impulsada por el oficialismo

Esta transformación en el sistema judicial mexicano fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el Congreso tras una reforma constitucional. La iniciativa busca, según el Ejecutivo, democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción estructural que ha afectado su legitimidad ante la ciudadanía.

Un proceso complejo y masivo

Las elecciones, previstas para el segundo semestre de 2025, contemplan la participación de más de 3.000 candidatos para cubrir una variedad de cargos judiciales. Esto incluye no solo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también a magistrados y jueces federales en distintas instancias. Los votantes deberán enfrentarse a múltiples boletas electorales y tomar decisiones en un terreno técnico poco familiar para el electorado general.

Críticas y desafíos en torno a la reforma

Diversos analistas y organizaciones civiles han expresado preocupación por los riesgos que implica politizar la justicia. Advierten que el nuevo sistema podría minar la independencia judicial y abrir la puerta a la influencia partidista sobre las decisiones del Poder Judicial. Asimismo, se ha cuestionado la viabilidad de que los ciudadanos puedan emitir votos informados sobre candidaturas altamente especializadas.

Implicaciones para la democracia mexicana

El proceso plantea una prueba significativa para la democracia mexicana, ya que redefine el equilibrio entre poderes y establece un precedente en América Latina. Mientras algunos lo ven como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo, otros alertan sobre posibles regresiones en la institucionalidad y la protección de derechos fundamentales.